El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha dispone en el artículo 31.1.20ª que la Junta de Comunidades asume la competencia exclusiva en cuanto a la promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación; así como en materia de procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la oganización propia, prevista en el artículo 31.1.28ª.
 
En desarrollo de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, se dictó el Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género.
 
El objetivo que se pretende con la modificación del Deceto 44/2019, de 21 de mayo, es dar un paso más en el apoyo y protección de las huérfanas y huérfanos de la violencia de género, garantizando que perciban la ayuda tanto menores cuyo domicilio y residencia efectiva esté fijado en Castilla-La Mancha, aunque no fuera el de su madre, como menores que residan en otra comunidad autónoma pero cuya última vecindad administrativa de la madre fuese en algún municipio de Castilla-La Mancha, pues se han visto azotados por el mayor de los traumas posibles como es el asesinato de su madre a manos de su pareja o expareja y no pueden quedarse sin ese apoyo económico.
 
El Decreto se ha elaborado conforme a los principios de necesidad, eficacia, eficiencia, seguridad jurídica, proporcionalidad y transparencia.
 
En su proceso de elaboración, se ha sometido a consulta pública previa, así como al trámite de información pública. Asismismo, ha sido informado favorablemente por el Consejo Regional de la Mujer en su sesión de 9 de enero de 2020 y por el gabinete jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y se ha sometido al Consejo Consultivo dictaminándose que se adecua al ordenamiento jurídico, al ser respetuoso tanto con el ámbito competencial atribuido a la Comunidad Autónoma como con la Ley a la que sirve de desarrollo.