Albacete, 30 de marzo de 2017.- El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Fernando Mora ha subrayado que la Jornada de Transparencia y Buen Gobierno organizadas por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP) y desarrollada hoy Albacete con 40 representantes municipales, entre alcaldes, concejales y secretarios, “es un muestra clara de la apuesta del presidente Emiliano García-Page con un modelo de Gobierno comprometido con los ciudadanos y con la región desde el principio de Legislatura”.
 
Mora ha recordado que esta voluntad de implantar la transparencia en la gestión del Ejecutivo castellano-manchego estaba reflejada en el programa electoral con el que se concurrió a las pasadas Elecciones Autonómicas, y ha definido este modelo de “transparente, participativo y comprometido”.
 
El representante de la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda que estuvo acompañado del secretario general de la FEMP en Castilla-La Mancha, Tomás Mañas y del director provincial, Enrique Sánchez, ha puesto como ejemplo de este compromiso, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma, aprobada el pasado mes de diciembre, con el respaldo y unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Cortes regionales.
 
Durante la atención a los medios de comunicación, Mora ha remarcado que “la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción” y ha manifestado que los ciudadanos “deben sentirse orgullosos del modelo de ejercicio político que actualmente se desarrolla en Castilla-La Mancha”.
 
En estas Jornadas desarrolladas en la Fábrica de Harinas de Albacete, el viceconsejero de Administración Local ha trasladado a los representantes municipales que este modelo debe ser aplicable al Gobierno central, al Ejecutivo autonómico y también a los Ayuntamientos, y ha señalado que “esta transparencia debe estar implantada en todas las gestiones públicas”.
 
En relación a los cargos institucionales , el Gobierno regional ha explicado que la Ley autonómica fija la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones de bienes, rentas, y patrimonio, y amplía y avanza las políticas fijadas en la norma estatal del 2013.