La trata de seres humanos constituye un  negocio abominable pero muy rentable, llegando a mover alrededor de 12 billones dólares cada año. Si cualquier actividad mafiosa es repudiable en sí misma, cuanto más debería remover nuestro cerebro y nuestro corazón ésta que tiene como objetivo el lucro basado en la mercantilización de seres humanos, empleando para ello el abuso, el engaño y la coacción.
 
La trata de personas es un gravísimo atentado contra los derechos humanos que se diversifica en varias modalidades: explotación sexual, explotación laboral, trabajos forzados, tráfico de órganos, etc. De estas variantes, todas ellas execrables, la relacionada con la  explotación sexual es la más numerosa, constituyendo el 80%  de todas la formas de trata. Además, la trata de personas con fines de explotación sexual conlleva un fuerte componente de género, pues la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas (dos tercios de las y los menores víctimas de trata son chicas).
 
Los poderes públicos tienen la obligación de perseguir el crimen y prevenir el delito, pero también de actuar sobre la demanda, pues es indudable que sin demanda no habría este mercadeo de seres humanos.
 
En este sentido, también es importante tomar conciencia de la relevancia que tiene luchar contra la pobreza y la exclusión social,  pues en el deseo de escapar de estas dos circunstancias radica el principal estímulo que reciben las víctimas y sus familiares en el momento de la captación. Así pues, es muy necesario actuar por mejorar las condiciones de vida así como de reforzar el empoderamiento de las mujeres en los países de origen (aunque no necesariamente la trata ha de ser transnacional, pudiéndose producir dentro de las fronteras de un mismo Estado) como también en el país de llegada, en este caso España y concretamente Castilla-La Mancha, para así reducir la vulnerabilidad de las víctimas y favorecer su inclusión en la social.
 
Volviendo al asunto de la demanda, la reducción de la misma es crucial, más conociendo algunos datos. España es el primer país de la Unión Europea en consumo de prostitución y el tercero del mundo, tan sólo por detrás de Tailandia y Puerto Rico y, según indican las estadísticas, el 40% de los varones de nuestro país admiten haber acudido a los servicios de mujeres prostituidas, aumentado cada año la demanda proveniente de chicos jóvenes de entre 16 y 35 años.
 
Todo ello nos invita a reflexionar tanto sobre la persistencia de las estructuras machistas de la sociedad, que asigna a la mujer un rol de subordinación respecto al varón, como sobre el tipo de educación afectiva-sexual que hemos estado recibiendo y que hace que un porcentaje significativo de hombres jóvenes prefieran culminar una noche de fiesta cualquiera gastando sus últimos 20 euros en  “comprar” un cuerpo, como si de una copa de licor o de cualquier otro objeto se tratara.
 
La línea entre prostitución y trata es tan fina que a menudo resulta invisible. Entre el 80 y el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución  lo hacen en contra de su voluntad o en contra de las condiciones pactadas, siendo obligadas a ejercer la prostitución en situaciones de cuasi esclavitud hasta saldar una deuda cuyos intereses a veces superan el 500%, incluso la necesidad de una aspirina o una compresa son gastos que incrementan dicha deuda.
 
La trata no sólo es una violación de los derechos humanos más básicos de una persona, afectando principalmente a su libertad y a su dignidad; también es un modo descarnado de violencia de género. Por este motivo, expresiones que tratan de justificar este negocio ilícito, como que es “el oficio más antiguo del mundo” o que ahondan en pensamientos patriarcales del estilo “los hombres tienen más necesidades sexuales que las mujeres y necesitan satisfacerlas para que estén tranquilos” no hacen sino legitimar una forma de esclavitud que como tal es inadmisible, pero además conlleva la  revictimización a la víctima, haciéndola responsable moral de una situación de la que ella no es sino la parte –la persona- más débil.
 
Como se ha comentado anteriormente, sería muy conveniente que como sociedad nos replanteáramos el tipo de educación afectivo-sexual que desde nuestra niñez vamos interiorizando. La sexualidad es una dimensión esencial del ser humano imposible de neutralizar -pues incluso su propia negación constituye una manera de sexualidad en sí misma- capaz de reflejar nítidamente los roles y posiciones diferenciadas que hombres y mujeres ocupan en la sociedad. Así, la atávica doble moral que hace que se acuse a la víctima y se justifique al cliente se convierte en un indicador de cómo lo prevalente, lo socialmente apreciado, son las demandas y expectativas masculinas.
 
Además, la sociedad posmoderna actual está sumamente influida por un tipo de pornografía patriarcal, basada en el placer de los varones a costa de cosificar a las mujeres.  Así, por una parte pareciera que hay avances reales en cuanto a libertades sexuales se refiere y por otra,  se nos ofrecen modelos de relaciones sexuales casi irreales.
 
En definitiva, la conducta individual está ampliamente condicionada por esa segunda naturaleza que es el sistema cultural en el que la persona se desenvuelve y se relaciona. Aún a pesar de los grandes avances conseguidos hacia la igualdad de género –dicho sea de paso, impulsados por los feminismos-, la desigualdad se manifiesta en todas las esferas personales, comunitarias y sociales, cual es la sexualidad y la manera de expresarnos a través de ella.
 
Si a estas cuestiones que hemos traído a colación de la prostitución unimos la tragedia criminal de la trata, no podemos sino incidir en un mensaje claro: SI ERES CLIENTE, ERES CÓMPLICE.
 
Desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha nos comprometemos a la realización de campañas de concienciación para el conocimiento del problema de la trata y su prevención, incidiendo de manera especial en la reducción de la demanda. También deseamos, dentro del marco de nuestras competencias y de lo establecido por el nuevo Plan contra la Trata anunciado por el Gobierno de España, desarrollar un marco de actuación que permita atender con más eficiencia y calidad a las víctimas de este negocio impropio de una sociedad basada en los principios de libertad e igualdad.