Ruiz Molina ha resaltado que son más de 1.700 millones los que se van a destinar a reforzar las políticas públicas para garantizar que quienes viven en zonas despobladas “tengan los mismos derechos y el mismo acceso a los servicios públicos que el resto de ciudadanos”. El consejero se ha referido también “al diálogo social y la estabilidad institucional que presiden la acción de gobierno de esta Comunidad Autónoma”.